Modernización del Estado y de la CONAF

El actual gobierno se ha planteado la tarea de modernizar el Estado. El lema declarado es alcanzar “Un Estado moderno e inteligente al servicio de las personas”. El diagnóstico base que lo fundamenta habla de su obsolescencia estructural, crecimiento inorgánico, falta de flexibilidad y adaptación. Las consecuencias: una enorme falta de coordinación, numerosos compartimentos estancos y carencia de innovación. Hace sólo lo que legalmente les está mandatado. Como las leyes envejecen la valoración de este Estado por la ciudadanía ha bajado dramáticamente. Brechas no llenadas en políticas públicas, la añejez de sus procedimientos, incapacidad de anticiparse, su enorme gasto público, su baja productividad y la corrupción en algunos de sus poderes, son los reclamos recurrentes desde hace décadas. Para hacerlo plantea tres líneas de trabajo. La primera: lograr un Estado plenamente digital. Aumentar la interoperabilidad de manera que no nos pidan doblemente papeles que están ya en el dominio público. La segunda: Un Estado flexible e innovador. A través de una estrategia de modernización, un secretariado para el mejoramiento de la calidad de los productos del Estado, una agencia de evaluación de programas gubernamentales y la modernización de los trabajadores estatales. La tercera: un Estado Transparente. Cuentas claras, cuentas públicas, entre otras cosas.

El mundo político progresista, aunque comparte el lema, el diagnóstico y algunas de las líneas de trabajo, tiene una visión distinta del Estado deseado. Para este es mucho más que ser una empresa más eficiente. No es sólo un asunto de reconfiguración, sino de visión. Interesa pasar desde un estado subsidiario a un Estado Social de Derechos en la postmodernidad. Uno no capturado por la tradición ni los poderes fácticos que combinen virtuosamente derechos, inclusión socioeconómica, crecimiento económico verde, desarrollo científico, conservación de la biodiversidad, innovación y anticipación.

¿Cómo vemos a la CONAF en este proceso?

El diagnóstico de la actual crisis de CONAF habla principalmente de una profunda obsolescencia estratégica y funcional, de casi dos décadas, reflejada en el bajo valor público y privado que crea su trabajo en un contexto de creciente costo fiscal institucional.

Hoy día crea pocos y caros productos. Sus cifras de fomento a la forestación y manejo del bosque nativo son irrisorias. El control de los incendios forestales es caro e  ineficiente. Por tanto, solo mejorar la interoperabilidad digital, evaluando mejor sus programas y aumentado sus cuentas públicas, contribuye poco a mejorar esta situación.

Sin embargo, cambiar la rigidez burocrática y la falta de innovación, aún en un mismo contexto presupuestario como el actual, pueden abrir las puertas a un cambio positivo. Para ello se requiere al menos tener un norte estratégico y funcional innovador y claro. Esto es: objetivos superiores de política forestal y de conservación de la naturaleza acorde con el siglo XXI hacia los cuales alinear los esfuerzos, definida está Política Forestal y Ambiental bajo un marco democrático y participativo real.

Pensar solo en hacer mejores plantaciones forestales hoy no tiene sentido alguno, aunque se las disfrace de restauración. Hacer más rápido lo que se viene haciendo hasta hoy no tiene sentido histórico. ¿Se gana automáticamente con el solo hecho de ser  servicio público? No, solo eventualmente se gana fortaleza institucional en el derecho administrativo público chileno. Pero eso es claramente insuficiente. Si el cambio de estatus legal no viene aparejado por una profunda reforma institucional en sus políticas, estructura, especialización del personal, será un nuevo lastre institucional, más no un aporte al desarrollo de Chile.

¿Es suficiente lo ofrecido en esto por el gobierno actual para el mundo progresista chileno?

Indudablemente que no. Ello porque no es suficiente sólo una reconfiguración institucional tras la eficacia. Chile aspira a un cambio significativo que implique un nuevo fin, estructura y función, entre lo cual está el cambio en la valoración del servicio público y los valores de los funcionarios futuros, que permita combinar virtuosamente en el sector forestal: anticipación, derechos, inclusión social, crecimiento económico verde, desarrollo científico, conservación de la biodiversidad e innovación. El tema no es entonces si CONAF pública o no, sino un Servicio Forestal con cuerpo y alma de futuro.