BALANCE DE UN PRIMER AÑO DEL SEGUNDO GOBIERNO DEL PRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA. Marzo 2019.

¡Arriba los corazones, porque vienen tiempos mejores!

-Lema de campaña.-

El 11 de marzo se cumple un año del segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Un año es un gran lapso de tiempo en política, un gran plazo para realizaciones, sobre todo para un gobierno en que sus sostenedores poseen gran poder y control sobre el país: el poder financiero, empresarial, mediático, militar y fáctico. Es un plazo suficiente como para intentar una evaluación de lo prometido por la Derecha chilena por la cual votó una mayoría electoral simple del país. Piñera ganó en el balotaje por unos 635.771 votos de diferencia sobre Guillier, el candidato de la centroizquierda. En esta oportunidad votó el 49 % de la masa electoral total (unos 7.026.090 7.032.878). En ese momento, la población chilena al 2018 era de 17.373.831 habitantes y la población potencial a votar era 14.347.288. Es decir, una fracción menor al 40% de la población chilena eligió al gobernante.

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El programa del actual presidente, estuvo asentado principalmente sobre una gran promesa económica: crear mayor crecimiento y empleo. Construida sobre una enfática interpretación negativa del comportamiento de esos temas en el gobierno de Bachelet. El ahora presidente señalaba que la causa de la crisis económica no era el mal contexto internacional sino la impericia de un mal gobierno.  El Programa del candidato proponía además mayor calidad y acceso a la salud y a la educación, fin a la delincuencia, mejor trato a niños y adultos mayores, respeto a los derechos humanos, entre otros temas.

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A un año de su gobierno, es poco lo que se puede rescatar como avance de estas promesas. La inversión económica aun no muestra cifras significativas de crecimiento ni global ni por sectores. La minería, sector gravitante para esto, no muestra ningún indicio de crecimiento sobre las cifras históricas, ni en volúmenes extraídos, ni exportados y tampoco en empleo o inversión. A pesar de que los precios de los bienes exportables han sido alcistas, los salarios reales continúan a la baja como tendencia. Actualmente el 40% de la mano de obra del país, corresponde a trabajadores por cuenta propia, lo cual es la peor forma de empleo puesto que carece de seguridad. De igual forma, la tendencia inflacionaria continúa subiendo. Esto hace por ejemplo, que los mejores fondos de pensiones en cuanto a rentabilidad (36 meses) ni siquiera cubran la pérdida real de valor del dinero por inflación en el período. El gasto público ha sido contraído durante este primer año a costa de una menor gestión fiscal y menos servicios para los contribuyentes.

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Respecto a la calidad y acceso a la salud, los indicadores de calidad y acceso permanecen estancados. Debido a problemas de calidad de gestión pública, de los actuales encargados ministeriales, muchos servicios no fueron dotados de presupuesto adecuado, acumulando una deuda gigantesca. El gasto público en ellos se ha disparado debido a la concesión de  hospitales  y a la tercerización privada de muchos servicios médicos. Sin embargo, las listas de espera no disminuyen sino por el contrario son más altas que el 2004.

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La calidad de la educación tampoco ha sido una preocupación especial durante este primer año de gobierno. El intento del Presidente por revertir los avances logrados en ello por Bachelet ha encontrado una dura oposición en el parlamento. En el área educación parvularia, ha habido cero implementación de la reformas, perjudicando con ello a millones de niños. Respecto al SENAME el desempeño ha sido lamentable, persistiendo las pésimas condiciones de vida y atención.

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En otras áreas como la medioambiental, la situación es también pobre. Continúa la explotación insustentable de las pesquerías chilenas, con base a la corrupta Ley Longueira de pesca, que casi llevan a la extinción de las especies pescadas, como es el caso de la merluza chilena. Cada vez son más las consideraciones económicas y no ambientales con las cuales se toman decisiones. El caso Jibia es el más reciente. El Ministerio de Medio Ambiente y 20 instituciones con competencia ambiental están siendo apremiados por los empresarios y economistas amigos del gobierno para que relaje la aplicación de la Ley Ambiental en los procesos de evaluación previa de los proyectos de inversión. Para ello el gobierno ha creado el grupo inquisidor, del Ministerio de Economía, llamado GPS (Gestión de Proyectos Sustentables). Todo para intentar violar la ley ambiental y apurar el crecimiento de los más ricos, porque los esfuerzos del gobierno en ese ámbito no están destinados a apurar los trámites de las MYPE.

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En el área forestal, continúan botadas las 200 mil hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto, quemadas en el mega-incendio del 2017 sin ningún apoyo gubernamental para reconvertirlas, con una enorme pérdida económica para los productores y el Estado.

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En la gestión hídrica, en un país apremiado por el Cambio climático y una sequía de casi 15 años, no se ha construido ningún embalse nuevo ni se está gestionando el agua dulce en el país. Lo que es más la Reforma del Código de Aguas propuesta por el gobierno, fortalece el lucro y la privatización de este elemento, derecho esencial de la ciudadanía. De igual forma, las emisiones de carbono de Chile han seguido aumentando y se aprecian ya crecientes conglomerados humanos en carácter de refugiados ambientales debido a la contaminación.

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Respecto a delincuencia, a pesar del enorme gasto público incrementado por el gobierno especialmente en dotación de carabineros, no existe ninguna variación significativa en la evolución de los hechos delictuales sino su incremento, esta vez, con nuevos campos sin abordaje como el delito económico y el cibercrimen. En el caso de la delincuencia de cuello y corbata, tampoco hay señales hacia la ciudadanía, los amigos del presidente, a pesar de las grandes infracciones que han cometido (i.e. Délano y otros) solo han sido condenados a asistir a clases de ética.

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Respecto a Derechos Humanos, el balance es más malo aun. El episodio Catrillanca,  mostró lo más puro del terrorismo de Estado contra el pueblo Mapuche, el que junto con la militarización represiva en las comunidades por el sistema de Comando Jungla impulsado por el Presidente, puso a esas  regiones al borde de la guerra civil.

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¿Qué ha ocurrido?, En primer lugar hay que destacar que el programa del actual gobierno fue construido sobre un diagnostico incompleto de la realidad del país y de la calidad del gobierno saliente, motivado más por razones político ideológicas que objetivas. A nivel económico ha quedado en evidencia que la tasa de crecimiento de la economía pasada no era por impericia del gobierno sino por elementos de economía internacional e internamente por el boicot empresarial. También porque en Chile hoy ya no hay más oportunidades fáciles de captura fácil de renta y lucro, que sean soportables por la ciudadanía y las comunidades locales. En segundo lugar, el sector minero, principalmente cobre, permanece estancado por razones de precio y demanda internacional agregada. Actualmente el gobierno no tiene holgura para el crecimiento rápido a tasas altas y menos para un gasto público alto porque la caja fiscal está ocupada y no puede crecer más fuerte sin dañar a sus sostenedores.

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En la gestión pública general, la impericia del Gobierno se presenta evidente. Varias decenas de autoridades públicas nombradas han renunciado durante este primer año de gobierno. Algunos, agobiados por el trabajo,  otros decepcionados por sus salarios en relación al sector privado, de donde proviene la mayoría. A ellos se suma una cuestión de difícil resolución, cual es la diferente concepción de lo que es la función pública. Para muchos de estos, ella es solo facilitarle la búsqueda de renta a los empresarios, transnacionales y buscadores de renta en general. Conciben un Estado solo para eso.

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¿Qué viene?, las tendencias para el actual gobierno en los próximos años no son mejores. A lo más, mantener la situación económica actual porque las principales fuerzas motrices de la economía chilena, no dependen solamente del gobierno y sus empresarios, sino de un contexto internacional a la sazón muy volátil y en franco deterioro. La demanda china, de Europa y países emergentes relacionados, va a la baja para los años siguientes hasta 2024. Segundo, hasta ahora el gobierno no tiene condiciones políticas para cambiar el escenario decisional parlamentario, el cual es de oposición. Una mayoría parlamentaria en ambas cámaras le permitiría abrir la economía y sociedad chilena a un nuevo proceso deseado de crecimiento neoliberal. A un nivel municipal tampoco el gobierno tiene mayoría por lo que no controla importantes zonas del país. Al parecer los débiles esfuerzos actuales de Piñera por acercar al crecimiento económico real al PIB tendencial de entre 3 a 4% no son suficientes para la reelección de su coalición, le faltan políticas y gestión pública suficiente, además de un mayor gasto público que el actual, ya bastante amplio por causa de Bachelet. La historia reciente muestra que cuando el PIB está sobre el 4,2% con buenas políticas y gestión pública las coaliciones gobernantes se reeligen casi automáticamente.

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Pareciera ser que aquella frágil mayoría de 600 mil votos que le dio el triunfo a Piñera en marzo de 2018, al parecer se ha volatilizado, al no tener evidencia aun del cambio prometido al cual votaron. Las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales de octubre de 2020, aportaran una señal acerca de si el actual gobierno se proyecta o no en noviembre de 2021. Este escenario es también una tremenda oportunidad para el Progresismo, si es que este sector ha evaluado las causas de su derrota y tiene algo sustantivamente distinto que ofrecer a la ciudadanía. Si es más de lo mismo, no cabe duda que la Derecha podría tener otro periodo al menos. Hasta ahora se ve poca reflexión y se ven los mismos rostros.