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AGRICULTURA CHILENA: INEQUIDAD Y TRANSFORMACIONES FUTURAS

Enero del 2020

Foto: Portal Frutícula

I.- Previo.

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso una nueva serie de objetivos para mejorar la vida de las personas. Para ello, se firmó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual contiene, entre otros, el objetivo de «poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible» (objetivo 2).

De entre todos los actores presentes el sector empresarial fue el más desafiado para ello, debido a su enorme impacto nacional. En las décadas siguientes, ante este escenario, Chile tendrá que variar su sistema agroexportador, con un cambio de las actuales políticas públicas e instituciones. Abordaremos algunos de esos contenidos en lo que viene a continuación.

II.- LOS ABORTADOS OBJETIVOS DE LA POST TRANSICION RESPECTO AL SECTOR RURAL.

La declaración programática de los distintos gobiernos de post transición chilena constó de los siguientes objetivos: Obtener un agro democrático, productivo, equitativo e incluyente; una ruralidad fortalecida; y un medioambiente sustentable.

Sin embargo, el análisis de lo que ha ocurrido en estos años muestra una situación extremadamente distinta, caracterizada por el gran crecimiento sectorial (6%), a la par de una enorme desigualdad y gran acaparamiento de recursos, todos destinados a satisfacer la acumulación de capital de las oligarquías del campo, principalmente agroexportadoras. Ello porque hoy, la agricultura chilena es cerca de un 80% exportable y no retribuye sus costos ocultos en que incurre, como el brutal uso gratuito del agua, la enorme concentración de las mejores tierras y el desequilibrio en las políticas públicas del agro, casi todas ellas enormemente dirigidas a los sectores más ricos.

Intentaremos una lectura de las tendencias acontecidas durante este tiempo. Actualmente el sector (no ampliado a pesca ni agroindustrial) es el 3% del PIB (15.300 millones de US$) y el pronóstico es que siga bajando en la medida que el resto de los sectores de la economía crecen. Cómo se sabe, Chile debe dejar de sustentar su economía solamente en la explotación de recursos naturales.

III.- ALGUNAS TENDENCIAS EN EL AGRO EN LA POST TRANSICIÓN CHILENA.

Entre 1997 y 2007 desaparecieron en Chile 27 mil explotaciones campesinas, perdieron también 44 mil hectáreas de riego y los empresarios del sector pasaron de 91 mil hectáreas de riego a 300 mil con apoyo del Estado. Al 2017 han desparecido el 70% de las lecherías del país, la mayor parte de mediano a pequeños tamaños, asfixiadas por los oligopolios transnacionales de la leche y la falta de apoyo nacional. Asimismo, desapareció también el 30% de la masa lechera bovina. De igual forma, la tendencia a la disminución del ganado camélido en el norte altiplánico es severa.

Con la modificación del DL 701 de fomento forestal durante la Concertación, se hizo un esfuerzo infructuoso por aminorar las inequidades en el sector forestal. En este sector 2 empresas concentran 2,3 veces más tierras que la que tienen actualmente todos los pueblos indígenas chilenos, que alcanzan a 1 millón de hectáreas. Además son un dominante poder de compra de rollizos de los demás productores. Muchas localidades rurales fueron absorbidas y desaparecidas por la conurbación no planificada del país. El empleo y los ingresos rurales autónomos han seguido cayendo significativamente en términos absolutos. La pérdida de suelos arables ha continuado cayendo debido a la urbanización no regulada y la especulación inmobiliaria.

Tanto la conservación como el uso económico del bosque nativo permanecen estancados desde hace 30 años, siendo su quema como combustible en las estufas y cocinas domésticas su principal destino actual. De igual forma, el aporte al PIB de la agricultura como sector ha continuado cayendo en términos absolutos. Pareciera ser que esta ya ha ocupado todas las holguras disponibles. Tierras, aguas, mano de obra y que sus competidores han avanzado en importantes mercados que están siendo abandonados, tal como el de la uva. El modelo agroexportador ya ha tocado fondo y sólo quedan algunos rubros como las cerezas, donde aún se puede tener rentabilidades superlativas.

Las grandes tendencias asociadas al mundo campesino que han caracterizado el agro de post-transición han sido las siguientes:

Extrema concentración de la tierra regable en el sector empresarial exportador. Este sector se comporta como un enclave interno de sistemas agroalimentarios extranjeros, puesto que no produce para el país, sino para la acumulación de ganancias de grupos oligárquicos y satisfacer a bocas extranjeras de altos ingresos.
Extrema concentración de los derechos de agua en el sector empresarial exportador. Como se sabe, tanto el sector forestal como el agrícola son los principales consumidores del agua existente en nuestros ecosistemas y ninguno de ellos paga por ese invaluable insumo que acaparan en contra del consumo humano.
Evolución negativa de la representatividad productora sectorial agropecuaria campesina. Los campesinos durante la post-transición han perdido casi todos los mercados de bienes salarios y en muchas zonas los mercados de exportación. En los años 60 ellos eran el 40% de la canasta alimentaria nacional.
Evolución negativa de su dotación y control de recursos productivos sectoriales. Los campesinos han perdido los mejores suelos y aguas de regadío obtenidas durante la Reforma Agraria, a excepción de las tierras de los pueblos indígenas, que actualmente no se pueden vender.
Tendencia a la desaparición de la demografía nacional rural. Desde 1930 en que la ruralidad era de un 50%, este segmento ha disminuido al llegar hoy a un 13%.
Cambios en la identidad cultural del mundo rural por la pérdida de patrimonios rurales tangibles e intangibles, y la apertura de mercados de productos rurales. Actualmente el 90% de las lentejas que consume Chile provienen de Canadá.
La evolución de los pueblos indígenas: La acelerada urbanización y tugurización mapuche en los microfundios comunitarios.
Tendencias de uso de los ecosistemas soportantes: extractivismo, contaminación y privatización.
Tendencias de la pobreza rural: migración, reemplazo por mano de obra migrante, endurecimiento y disminución no autónoma.

Esta situación ha llevado a una pérdida cultural patrimonial importante, a una profunda inequidad en el uso de los recursos, en especial el agua y la tierra, y como consecuencia de ello a una brutal desruralización del campo chileno (Hoy es sólo de un 13% de la población nacional). A pesar de ello, actualmente 263 comunas (26%) de las 346 que tiene Chile son comunas con una alta ruralidad.

IV.- ¿HACIA ADÓNDE DEBEMOS IMPULSAR EL CAMBIO?

Debemos reconocer que el modelo productivo agroexportador actual es producto de la implementación del Modelo Económico Neoliberal diseñado y gestionado por la dictadura y sus herederos políticos. Un modelo que parte con la más brutal represión a las organizaciones campesinas, donde muchos de sus dirigentes fueron asesinados. Luego continúa con la Contrareforma Agraria, la cual devuelve a los antiguos patrones la totalidad de las tierras y aguas. Luego viene una total apertura de mercados, en la cual se sacrifican las producciones campesinas y de medianos productores, tras el lucro del modelo frutícola y forestal exportador. Su éxito generó un gran desarrollo de grupos económicos que han culminado la tarea expropiatoria y de concentración de los recursos productivos y han generado una gran inequidad en el campo.

Sin duda que cambiar las tendencias antidemocráticas de la actual política agraria requiere de cambios paulatinos sostenidos en una mayoría política y constituyente.

Cambios a nivel de política pública.

Entre muchos cambios necesarios de hacer, en esas condiciones políticas, señalamos los siguientes respecto de políticas que impulsan la equidad y no caen en la trampa de la productividad tan frecuentemente aludida por algunos economistas:

Eliminar el absolutismo agroexportador de la política agraria pública chilena. Esto es la aplicación concentrada de recursos públicos en ese sector productivo.
Introducir la gobernanza social y territorial de la política agraria gubernamental en todos los territorios. Esto es el control de las políticas sectoriales y de su institucionalidad a partir de un mecanismo participativo con derecho a veto.
Desatar nudos estructurales relevantes para el desarrollo más democrático del agro, tales como: acción en los oligopolios en la leche y en el sector forestal; acceso campesino no expropiatorio al agua de riego proveniente de un Fondo Social del Agua; establecer políticas y programas para fomentar la Re-ruralización; fondos y personal suficiente para la conservación efectiva de la naturaleza (SNASPE, Biodiversidad); y alta inversión en rescate patrimonial rural, entre otros.
Fomentar en alta escala la agricultura ecológica, de manera tal de bajar el uso de elementos tóxicos que envenenan los ecosistemas. En especial, redirigir el programa de recuperación de suelos degradados a métodos orgánicos y al sector campesino.
Desarrollar el empleo verde público en restauración ecológica, de la mano y aprovechando la experiencia de CONAF en la generación de empleos públicos en gran escala.
Fortalecer la ganadería nacional bovina, caprina y ovina, en el sector campesino, incentivándola para producción de productos ecológicos.
Crear una Ley de Apoyo Forestal a la mitigación del cambio climático con bosque nativo, formaciones xerofíticas y manejo de cuencas.
Crear un programa nacional de Gestión del Agua rural para recarga de acuíferos.
Establecer un royalty al uso del agua del sector agroexportador.
Establecer un royalty al uso del agua del sector forestal.
Implementar programas activos de control de enfermedades en la ganadería campesina, en especial mastitis, TBC y otras de importancia social y económica.
Impulsar las ferias urbanas comunitarias de frutas y hortalizas en asociatividad con productores campesinos.

Cambios a nivel constitucional o de leyes orgánicas.

En este nivel y como una forma de subrayar su importancia, las siguientes son transformaciones requeridas:

Cambio en la concepción del deber del Estado de conservar la Ruralidad en tanto patrimonio cultural material como inmaterial. “Nueva ruralidad”
Cambio en la concepción del deber del Estado de conservar el medioambiente rural en tanto preservadores de servicios ambientales para la sociedad.
Cambio del Código de Aguas. Allí es necesario relativizar la denominada “certeza jurídica” de la actual posesión del agua, introduciendo la modificaciones que hagan posible el uso del cambiante stock, en campesinos, medianos productores, pueblos indígenas, población urbana, etc. Es decir, declararla Bien Público.
Cambio en la Ley orgánica del SAG. Allí es necesario modernizar su estructura y función, incorporando al sector productor no exportable como sujeto central de su acción, para ayudar a bajar costos alimentarios de la población chilena.