Institucionalidad ambiental chilena: ¿Un elefante blanco?

El medio ambiente preocupa a la sociedad, hoy vislumbramos un cambio cultural asociado a un estilo de vida más consciente con el entorno y un posicionamiento de la temática ambiental.

 

No obstante la conciencia o percepción de la importancia de esta temática, a fines de julio se produjo una nueva crisis ambiental en Quinteros tras una emergencia por superación del nivel permisible de dióxido de azufre (SO2), luego de haberse reportado 26 episodios críticos en el mismo mes. Un día antes en Isla Guarello, Magallanes, derramaron 40 mil litros de petróleo diésel al mar por parte de la empresa siderúrgica CAP.

 

Nuestra institucionalidad ambiental ha sufrido cambios importantes, bien merece la pena recordar que hace casi diez años se produjo una modificación estructural que, aunque orientada a cumplir con estándares internacionales, creó el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales. Sin embargo, vale la pena preguntarse si esta institucionalidad es un elefante blanco, pues las crisis ambientales descritas no han sido abordadas de la manera que esperamos.

 

El Superintendente del Medio Ambiente en entrevista en el canal CNN [1] señaló que no es fácil comprender los ajustes a las normas de calidad del aire y que carecen de atribuciones para fiscalizar y sancionar actividades que no cuentan con permisos ambientales vigentes. En base a esto, bien merece la pena no olvidar que la Superintendencia conlleva la existencia de una entidad sancionadora precisamente las situaciones que se mencionan. ¿Es posible aducir falta de competencias hoy en día?   

 

El lado contrapuesto lo ha dado la Corte Suprema, que ha sido capaz de resolver casos emblemáticos con una visión contrapuesta a la señalada por la citada autoridad al disponer que las atribuciones de la Superintendencia no puede restringirse sólo a aquellas actividades que cuentan con permisos ambientales vigentes (Corte Suprema, Rol 15.549-2017).

 

Sabemos que diez años no es mucho tiempo para instalar una institucionalidad tan ambiciosa y vasta. Hay muchos aspectos pendientes y anomias que superan la velocidad con que se presentan los conflictos ambientales. Sin embargo, la judicatura nos ha venido demostrando que nuestra institucionalidad ambiental no es elefante blanco y que de nosotros depende utilizar las herramientas existentes e instar a mejorar el acceso de todos a un medio ambiente adecuado. 

 

 

[1] “Emergencias ambientales ¿hasta cuándo?”,  Conduce: Daniel Matamala 30 de julio de 2019.

 

Autora: Carmen Paz Medina, Abogada.