​GPS: LA DESESPERADA INQUISICION DE PROYECTOS DEL PRESIDENTE PIÑERA DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

En marzo de 2018 el presidente Sebastián Piñera echó  a  andar una especial oficina “público-privada”, la GPS, Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables. Bajo el mando del actual ministro de Economía José Ramón Valente. Según ellos el problema es que el Estado a través de múltiples instituciones (20) demora excesivamente la aprobación de los proyectos de inversión, lo cual desestimula a los inversionistas y no permite el crecimiento económico del país. A inicios del actual gobierno, la presidenta Bachelet le entrego en cartera 240 proyectos en trámite por un valor total de 60 mil millones de dólares en inversión potencial. Después de casi un año de trabajo del gobierno actual, GPS ha conseguido apurar 15 proyectos de un total de 21 tramitados. Seis de ellos salieron solos y de los 15, es muy difícil saber cuáles son trabajo efectivo de tan especial grupo de trabajo.

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La oficina GPS es dirigida por Juan José Obach, hijo de un gran empresario forestal amigo del presidente que aprovecho el regalo del DL 701 de fomento forestal, que les regaló el 75% de sus costos de plantación: un regalo de cientos de millones de dólares estatales que Pinochet le hizo al sector forestal industrial chileno. Para constituir GPS, un equipo de más de 20 profesionales muy bien pagados, no hubo concurso público sino solo una invitación privada. La mayoría ingenieros comerciales y abogados de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por supuesto, así no hubo igualdad de oportunidad de empleo. Este equipo de apuradores de proyectos enfoca su trabajo en presionar a los funcionarios públicos de carrera de las 20  instituciones que tienen que ver con la evaluación de proyectos y la tramitación de permisos sectoriales. Es decir, el corazón normativo legal de Chile. Atacan directo a los encargados de los trámites en las instituciones ya sea en la fase de Construcción, Pre-inversión, Tramitación de Permisos Sectoriales y lo más importante Tramitación de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos.

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Por supuesto que no trabajan apurando la constitución de microempresas  en las comunas pobres o los campesinos sino solo a aquellos grandes inversionistas nacionales y extranjeros, que premunidos de grandes suma de dinero, contratan grandes estudios de abogados, ingenieros y otras especialidades para evadir la normativa pública. Es decir, GPS ha estado ayudando a quienes menos lo necesitan. Pero lo más complicado es el concepto del Bien Común y valores que tiene GPS. Para esta entidad el bien común es lograr que los grandes empresarios inversionistas hagan pronto su negocio y con ello aumenten más su riqueza a costa de oportunidades de rentas nuevas. Supuestamente aumenten el empleo, el dinamismo económico, etc. Por el contrario esa inversión profundiza el actual modelo económico extractivista, con su secuela de diferencias y segregación.

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El ministro Valente esta apurado, porque la economía no crece como esperaban. Así exige a GPS, suma presteza en sus indagaciones. En primer lugar, para ello han ranqueado los proyectos de alto monto de inversión y se han aplicado a sacarlos lo más pronto posible mediante una feroz presión al sector normativo estatal. La herramienta: la presión directa insostenible sobre los cuadros técnicos analistas. Se trata de una oficina sin referencia ni estatuto orgánico en la administración pública chilena que actúa en la sombra. Visitas, telefonazos, petición de minutas, reiteraciones, y presiones son las herramientas que usa GPS. Además de tener un software para hacer el seguimiento fino de las distintas etapas o pasos de los proyectos. En los servicios públicos, cunde el terror entre los técnicos, pero igual prima el procedimiento. Estos saben que siempre es posible darle una vuelta más a la tuerca porque el derecho administrativo a pesar de las presiones sigue existiendo. La mentalidad anti Estado democrático de GPS, salta a la vista. Evalúan que hay demasiadas leyes y procedimientos para los grandes inversionistas que a su juicio son los que importan.

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El Progresismo político  de Chile ha ido blindando a lo largo del tiempo amplios sectores de la sociedad y economía para hacer que se respeten los derechos de las personas y la naturaleza. Para ellos, entrenados en la diligencia del lucro, esto resulta insoportable. Sienten que en este gobierno, se están jugando por última vez  la imprescindible continuidad de su modelo económico, del cual gozan sin reparos hasta hoy. El punto de toque, es que entienden ellos por Bien Común y que entiende el Progresismo por ello. Sin duda dos antítesis. Son modernizaciones con sentidos y destinos opuestos. Chile requiere más Estado progresista y eficiente para la gente y una sociedad futura más civilizada. GPS ayuda a profundizar la diferencia y exclusión.

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